Se trata de un proyecto que, en su momento, fue presentado por los senadores del periodo anterior, Georgia “Nani” Arrúa, Juan Afara, Enrique Salyn Buzarquis, Patrick Kemper y Juan Bartolomé Ramírez, pero nunca fue tratado ante el pleno, debido al fuerte lobby de empresarios de la capital del país, que creen que estarán “en desventaja”, si el proyecto llega a aprobarse.

Por ello, la iniciativa fue varias veces modificada buscando dar con un punto de equilibrio entre los intereses de los empresarios de frontera y los capitalinos. No obstante, el proyecto está congelado desde marzo del año pasado cuando el Senado resolvió “postergar sine die” el dictamen para seguir deliberando y recibir informes de los sectores afectados. Hay que recordar que el tratamiento de la propuesta tributaria para el comercio de frontera se venía aplazando desde diciembre del 2021.

Los defensores del proyecto sostienen que el nuevo régimen apunta a la formalidad y sanciona el contrabando. El actual régimen de turismo se encuentra regulado por un decreto presidencial y no por ley. Es decir que la lista de los productos que entran bajo esta liquidación se presta a manipulaciones aduaneras, por lo que no hay previsibilidad en el tiempo y perjudica a emprendedores. El proyecto incluye la implementación de la factura electrónica como requisito fundamental para acceder a este beneficio. Al estar claramente reglamentado, este proyecto busca penalizar todo intento de contrabando.

Independiente a las fuertes presiones de los empresarios capitalinos, el Gobierno Nacional no puede seguir ninguneando al comercio fronterizo. Todavía los epobladores de ciudades fronterizas recuerdan las funestas declaraciones de Oscar Orué, viceministro de Tributación, afirmando que es “inviable” otorgar algunas concesiones menores al alicaído comercio, en mayor medida, de Ciudad del Este, como así también al de Pedro Juan Cabalero y Salto del Guairá entre otros, que constituyen una verdadera afrenta al empresariado de frontera.

El proyecto otorga un estatus exclusivo al turismo comercial fronterizo, donde solo se comercialicen las mercaderías a no residentes en el país, situación que no perjudica al mercado nacional, por el contrario, genera recursos genuinos que son volcados al mercado interno, a través de la fuerza laboral directa e indirecta que genera la actividad comercial en las fronteras.

También va generar mayor recaudación tributaria, ya que el modelo en cuestión propone certeza en la recaudación impositiva, en razón a que se pagan los impuestos al momento de la salida de las mercaderías del recinto aduanero para ser enviadas a los depósitos aduaneros comerciales para venta al turismo.

El Senado, independientemente a personajes que responden a intereses de empresarios capitalinos, debería estudiar y aprobar cuanto antes este proyecto de ley, que podría beneficiar en algo al comercio fronterizo. No puede ser que se siga ignorando el clamor de los trabajadores de frontera sobre cuestiones que no están siendo implementadas por mero egoísmo de empresarios capitalinos, quienes desde siempre buscaron acogotar al comercio fronterizo. Sería importante que el nuevo Gobierno pueda “bajar línea” y responder de manera firme y decidida a los pedidos del empresariado fronterizo, en busca de la reactivación económica que anhela y necesitan las regiones de frontera.

La Clave