El pronunciamiento fue firmado por el Abg. Juan González Pinazo presidente de la Asociación de Abogados del Amambay y por su secretario Abg. Héctor Barreto Gauto.

El escrito fue emitido luego de que haya tomado estado público el aplazó de jueces, fiscales y defensores públicos en el reciente examen llevado a cabo en el Consejo de la Magistratura. "Como auxiliares de justicia no podemos quedar sin emitir una opinión", dice al inicio.

Seguidamente menciona que: "Ha desnudado la realidad que, como auxiliares de justicia, en nuestras diferentes actuaciones, realizados ante nuestra jurisdicción..., al momento de ejercer nuestra profesión, representa el fiel reflejo de las resoluciones de jueces y fiscales, quienes desprovistos de argumentos y conocimientos jurídicos, ejercen la aplicación de la justicia en nuestra nación".

En la mitad del escrito menciona que supuestamente "el juez conoce el derecho", que es considerado un principio del derecho procesal básico, el cual según la Asociación de Abogados del Amambay, "ha quedado demostrado los contrario" con jueces y fiscales ocupando cargos sin reunir los requisitos para ocuparlos, sino más bien, acceden a los mismos "a través de cupos políticos, amistades y en muchos casos, cargos comprados".

La asociación considera que la elección de jueces, fiscales y defensores públicos, debe más bien ser a través de "concursos públicos y en una categoría de igualdad entre los postulantes", para que así "tenga la independencia de realizar su trabajo sin ningún tipo de favores o presiones".

Semana pasada se dio a conocer el resultado de los exámenes llevados a cabo por jueces, fiscales y defensores públicos en el Consejo de la Magistratura. De entre 162, se aplazaron 67, tres de ellos son de la Circunscripción Judicial de Amambay. Se trata de Librada Beatriz Peralta Céspedes,  jueza de Sentencia; Cristian Ariel Sánchez Zaracho, juez en lo civil y laboral y Hernán Mendoza,  fiscal, estos dos últimos de Capitán Bado.

En el final del escrito pide a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, no confirmar en sus cargos a todos los que han reprobado los exámenes, ya que "ante la opinión pública nacional e internacional, nuestro débil sistema de aplicación de la justicia ja quedado una vez más ridiculozado", aunque la tendencia es que probablemente sean ratificados en sus respectivos cargos.

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