Durante una entrevista con el canal GEN – Nación Media, el ministro de Salud, Julio Borba, dijo que no puede dar mayores detalles acerca de los términos del contrato confirmado con la farmaceútica, ya que se encuentra vigente el acuerdo de confidencialidad.

Al ser consultado, si hubo una especie de presión por parte de Pfizer, en el que se incluye una supuesta entrega de las reservas internacionales y los bienes del Estado, Borba mencionó que “nosotros cumplimos lo que pedían los contratos, en absolutamente todos los países era el mismo contrato. Pero, para firmar, lo primero que vimos es la disponibilidad de dinero. Hoy no debemos nada a Pfizer”.

Actualmente se encuentra en estudio la posibilidad de plantear la derogación de una ley aprobada el año pasado que permitía la compra de vacunas contra el COVID de farmacéuticas internacionales y que establece acuerdos confidenciales.

Borba indicó que no tiene inconvenientes a que se realice una auditoría al Ministerio de Salud acerca de los contratos que fueron firmados, en caso de derogarse la Ley de Confidencialidad.

“Ningún inconveniente. Dentro de la crisis hay oportunidades. Nosotros crecimos muchísimo en el sistema de salud. Todo está plasmado en documentos”, subrayó el ministro de Salud.

Por su parte, el doctor Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud, aclaró que en caso de derogarse la Ley, esto podría afectar a contratos futuros en los que haya exigencia de confidencialidad. Sin embargo, dijo que se tiene la esperanza de que “las reglas cambien” sobre la provisión de vacunas, ya que actualmente la situación del COVID-19 es muy distinta a meses anteriores.