En el inicio, Palacios indicó que se logró demostrar la existencia de privación de libertad, extorsión agravada y transgresión a la ley de armas, contra Carmelo Ramón Benítez quien fue condenado a 10 años de cárcel.

Mientras que el otro, Andrés Peña, fue sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad, solo por transgresión a la ley de armas en el caso, cuyas otras causas no se logró demostrar.

Las penas fueron impartidas por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay que estuvo integrado por las juezas Mirna Carolina Soto González como presidente y Mirna Carolina Ocampos Ramirez y Ana Graciela Aguirre como titulares. La defensa de los ahora condenados estuvo a cargo del defensor público Jaime David García.

La fiscal acusadora, Reinalda Palacios se mostró conforme con la condena por la forma en que se pudo ubicar a uno de los procesados. "Si, conforme en vista a que con relación a uno solo se le pudo ubicar por medio de la antena del celular por el caso de extorsión, al otro no se pudo sostener, en vista que las pruebas eran insuficientes", mencionó en charla para nuestra emisora.

La representante del Ministerio Público afirmó que habría otros involucrados en el hecho punible, cuentan con orden de captura y ya fueron declarados rebeldes en su momento.

El hecho ocurrió en enero de 2019, los ahora sentenciados se hicieron pasar por miembros del EPP para extorsionar. Una de las víctimas llegó a abonar la suma de 60 mil dólares, había optado en no formular la denuncia por temor, se trata de un poblador de la colonia Raúl Ocampos Rojas.

Tras lo ocurrido, en procedimiento llevado a cabo por la FTC, fueron detenidos Carmelo Ramón Benítez y Andrés Peña, del poder de ambos se había ncauta armas de guerra, equipos de comunicaciones, clavos miguelito y vehículos de alta gama.

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