El proyecto de ley de restricciones sanitarias distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Ejecutivo nacional, los gobernadores de provincias y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

El envío de este proyecto ya había sido anticipado días atrás por el presidente argentino, Alberto Fernández, luego de la disputa generada con el alcalde capitalino, el opositor Horacio Rodríguez Larreta.

El conflicto se generó por la decisión de Fernández de suspender las clases presenciales en Buenos Aires como medida para hacer frente a la segunda ola de covid-19, pero el alcalde fue a la Justicia en contra de la medida, alegando la autonomía de la ciudad, y la Corte Suprema falló a favor de Rodríguez Larreta.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha dictado restricciones mediante decretos presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria.

El proyecto de ley remitido este lunes al Congreso establece que las provincias continuarán ejerciendo el control y fiscalización de las medidas sanitarias, mientras que la adopción de nuevas restricciones la hará el Ejecutivo nacional o las autoridades locales, dependiendo de la categoría sanitaria de cada sitio en base a diversos criterios epidemiológicos.

Así, las autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40.000 habitantes y de "mediano riesgo" sanitario.

Pero será el Ejecutivo nacional el que determine las restricciones en los lugares de "alto riesgo" sanitario y de "alarma epidemiológica", previa consulta con los gobernadores y el alcalde capitalino y con intervención del Ministerio de Salud argentino.

En los lugares de "alto riesgo", las autoridades locales pueden establecer restricciones adicionales a las dispuestas por el Ejecutivo nacional, pero no menores.

En tanto, el Ejecutivo nacional también queda habilitado para moderar o suspender las prohibiciones dispuestas en zonas de "alto riesgo".

CRITERIOS SANITARIOS

La iniciativa, que, de aprobarse, tendrá vigencia hasta finales de este año, prevé que todas las medidas que se adopten tengan carácter temporal y sean revisadas a los 21 días de adoptadas.

El proyecto no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios en base a los cuales se clasificará cada zona.

De acuerdo al proyecto, la modificación de los parámetros para determinar la existencia de bajo, medio o alto riesgo y de alarma sanitaria queda en manos del Ministerio de Salud nacional, previa consulta con los ministros de Salud de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la suspensión de las clases presenciales, eje de la polémica con el Gobierno capitalino, se dispone únicamente para los lugares de "alarma epidemiológica".

RECHAZO OPOSITOR

El proyecto promete generar un álgido debate en el Parlamento, de mayoría oficialista.

El diputado Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición en Argentina, anticipó este lunes, horas antes de que el Ejecutivo enviara la iniciativa al Parlamento, que su espacio votará en contra del proyecto.

"No vamos a votar superpoderes para el presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro decreto de necesidad y urgencia", dijo Negri a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según el diputado opositor, "los resultados están a la vista" con una "pésima gestión de la pandemia y de la economía".

"La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional", sostuvo.

Argentina acumula desde la irrupción de la pandemia en el país, en marzo de 2020, un total de 3,1 millones de positivos y 67.821 fallecimientos por covid-19.