Michelle Betancourt, representante legal de los propietarios, explicó al Grupo Nación que la medida cautelar emitida por la jueza no especifica el lugar en el que este grupo de indígenas debería permanecer y solo menciona que debía ser ubicado en la colonia La Fortuna. Los indígenas alentados por los activistas buscarían ocupar un total de 100 hectáreas, 24 de las cuales pertenecen a los clientes de la mencionada abogada.
“Estas activistas instaron a los indígenas a ingresar de manera violenta, protegidos por los policías. Al final protegieron a ellos (los activistas) y no a nosotros que tenemos los títulos de propiedad, amparos constitucionales dictados por jueces competentes de Itakyry, pero ahora no sabemos qué va a suceder”, explicó la profesional del derecho.
Un gran despliegue policial de casi 50 agentes realizó la Policía Nacional para que estas personas puedan ingresar al inmueble privado, según se pudo observar en varios videos que fueron publicados en redes sociales.
Los propietarios afectados por el atropello dieron a conocer su postura en un escrito difundido por redes sociales. “Estamos trasladando a nuestros animales por seguridad y nadie está para proteger nuestra integridad. Hace 3 años sufrimos el acoso por parte de la comunidad Ka’apoty y las ONGs que les respaldan, sin ningún fundamento legal sobre sus supuestas tierras, que el propio INDI denunció en el 2019 como solo papeles, resultado de una gran estafa al Estado y a los prójimos hermanos indígenas utilizados por esta gente”, menciona parte del escrito dado a conocer.
“No existe Estado de derecho para el respeto a la propiedad privada. Giuzzio y el comandante están haciendo este procedimiento peligroso con una turba de campesinos e indígenas que están llegando a nuestra comunidad de Tape Yke Yke Itakyry y pretenden confiscar nuestras tierras de 7, 10 y 26 hectáreas desde 1995, donde los invasores y sus aliados las ONGs, con falsedades, nos dan trato de delincuentes”, mencionan.
“Desde Itakyry, los pobladores responsabilizamos a la jueza Magalí Zavala y a las ONGs Plataforma Social, DDHH, Memoria y Democracia por este atropello y por nuestra integridad y nuestros bienes. Soportamos amenazas, siendo legítimos propietarios, donde ni la Justicia ni la Policía cumplen en nuestro resguardo”, explican los propietarios.
JUSTICIA POR MANOS PROPIAS
“Marta Díaz de Gonçalves, lideresa del grupo de invasores, amenazó a los propietarios diciendo que tienen que salir de sus casas, pues ellos solo van a salir muertos de allí. Estamos con el riesgo de que cualquier cosa pueda suceder, hasta puede haber justicia por manos propias porque está muy candente la situación por acá. Mis clientes son gente de edad y tienen sus vacas, sus chanchos, sus plantaciones y sus huertas”, agregó Betancourt.
Los afectados por la invasión son ciudadanos paraguayos que viven desde hace 25 años en el lugar y cuentan con todos los títulos de propiedad desde el año 1994.
La abogada anunció que denunciarán a la jueza Zavala ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por las medidas irregulares que emitió. “Esto que ella está haciendo es inadmisible, este caos jurídico y social y todo lo que está haciendo por gente de la tercera edad y que pone en riesgo la vida de mis clientes”, concluyó.
QUERÍAN DESHACERSE DE ELLOS
Georgia Arrúa, senadora del Partido Patria Querida, publicó en su cuenta de Twitter varios videos del momento del procedimiento realizado. Mencionó que si bien los propietarios exhibieron sus títulos y la medida cautelar de protección de sus inmuebles, esto no sirvió de nada porque finalmente la Policía no actuó en defensa de ellos a pesar de la orden judicial vigente.
Relató que los propietarios estaban asustados con la llegada de los invasores de las propiedades privadas en Tape Yke. “Como siempre usan a niños y mujeres de escudo y atropellan, incitados por sus dirigentes con gritos y prepotencia”, añadió.
“Esto, lejos de resolver la situación, la acentúa más. Lo lógico era terminar la mensura judicial y aclarar el origen del título del INDI denunciado como falso. Se crea una falsa expectativa a los indígenas y se los deja tirados a orillas del río. Solo querían deshacerse de ellos”, escribió la senadora.
La llegada de los agentes de la Policía Nacional permitió que se pueda ingresar a la propiedad, en un procedimiento hecho en día inhábil, sin ningún control judicial y comandado por supuestos representantes de los derechos humanos.
SE EQUIVOCARON DE FINCA
En agosto del 2018, un grupo similar invadió, también de manera violenta, según la denuncia presentada en ese momento, una propiedad privada, específicamente la finca Nº 2891, en la localidad de Itakyry.
En aquella ocasión, un primer grupo de invasores, todos ellos pertenecientes a la comunidad Ka’a Poty de la parcialidad avá guaraní, finalmente se retiró tras constatar que se equivocaron de finca, tal como lo afirmó el líder de este grupo, cacique Teodoro Ramírez.
Liz Carolina Alfonso, propietaria del inmueble, al realizar la denuncia ante las autoridades en ese entonces, presentó toda la documentación otorgada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que la acredita como legítima dueña de la mencionada finca de 7 hectáreas, como los recibos de pago de servicios desde diciembre de 1994.
Vinculan al senador “Kencho” Rodríguez
Según denuncian propietarios y vecinos, con apoyo de importantes políticos como el caso del senador Abdo-luguista del Frente Guasu, Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, un grupo de alrededor de 20 de estos invasores permaneció en el lugar, pero liderados por una ciudadana paraguaya identificada como Marta Isabel Díaz de Gonçalves, pareja de un productor sojero de origen brasileño, quien cultiva en la localidad de Itakyry importantes extensiones de tierra.
El legislador el 18 de junio pasado presentó una nota al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, lamentando que este grupo de alrededor de 20 personas haya sido desalojado de la propiedad que, según lo expresado en el escrito, se encuentra en “tierras ancestrales” y con título de propiedad del Instituto Nacional del Indígena, fechado en el año 1996.
En el escrito enviado al ministro del Interior, Rodríguez califica como de “dudosa procedencia” los títulos de propiedad presentados por los legítimos propietarios, según los registros del Indert. Este grupo de al menos 20 indígenas en su momento se resistió a ser desalojados pese a la orden judicial y que recién pudo ser cumplida el 15 de junio de este año.
