A través de tres notas diferentes, la Contraloría General de la República (CGR) pidió ayer informes y documentos a Petropar, al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y al Ministerio de Hacienda (MH) sobre la implementación de la derogada Ley N° 6.900, que autorizaba el subsidio a los combustibles de la estatal Petropar, que según cálculos le costarán G. 39.000 millones al Fisco.
Las notas tienen la firma del subcontralor Augusto José Félix Paiva, encargado de despacho en este momento por un viaje del contralor Camilo Benítez, y fueron dirigidas al presidente de Petropar, Denis Lichi, al titular del MIC, Luis Castiglioni, y al ministro de Hacienda Óscar Llamosas.
El ente contralor solicitó a las tres instituciones un informe técnico de las necesidades de la implementación de medidas transitorias, que sirvieron de base para otorgar precios diferenciales al emblema Petropar. Al mismo tiempo, pidió el convenio firmado en el marco de la subvención que duró 15 días y el listado de red de estaciones de servicios habilitadas bajo el emblema, con la identificación de sus respectivos arrendatarios.
Además requirió una copia de contratos vigentes con las estaciones de servicios habilitadas y un informe de la estructura de costo por producto, durante la implementación de medidas transitorias de contingencia y el precio de cada tipo de combustible determinado por Petropar como disposición transitoria.
Asimismo pidió identificar a los servicentros sumariados que operan con el sello de Petropar, en caso de que esto haya ocurrido.
Entre otras cosas, la CGR solicitó explicaciones detalladas de todo el proceso de selección del proveedor de los productos comercializados durante la implementación de las medidas transitorias de contingencia y qué variables se consideraron para la adjudicación.
Montos y a qué sectores beneficiaron
En el caso de la nota dirigida a Petropar se hizo énfasis respecto al monto subsidiado por cada tipo de combustible, qué sectores fueron beneficiados con la subvención, cantidad y monto comercializado de combustibles durante la duración del subsidio, el presupuesto destinado al mismo y si la estatal pudo cumplir con la provisión de los carburantes en el periodo que duró el subsidio.
En el caso de la nota dirigida a Hacienda, la GGR solicitó datos respecto a la
fuente de financiamiento de los recursos previstos para el financiamiento de la subvención y los montos transferidos a Petropar en el marco de esta normativa.
También se requirió datos a Hacienda respecto a si el país recurrió a algún endeudamiento para cubrir el subsidio y copias de las transferencias realizadas a Petropar con la cuenta bancaria afectada para el desembolso de los recursos, durante el periodo de aplicación de la N° Ley 6900.
Primer paso para una auditoría
Mario Florenciáñez, director de gabinete de la Contraloría, explicó ayer a nuestro diario que este pedido de informe es el primer paso para iniciar una auditoría al todo el proceso de implementación del subsidio de los carburantes a Petropar. “Es la antesala (de una auditoría) prácticamente. Se solicitan documentos para luego iniciar la comunicación del inicio de auditoría. El pedido de informe es a todos los organismos que están relacionados a esto (el subsidio)”, expresó.
La derogada Ley N° 6.900, que autorizaba el subsidio de la nafta 93 (intermedia) y del diésel común (tipo III) de la estatal Petropar, obligaba a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría general de esta medida, pero ante la derogación de la ley, en el ente contralor se analizó la practicidad de estos controles. Finalmente se tomó la decisión de remitir un pedido de informe.
Recordemos que el artículo 8 de la derogada Ley N° 6.900 establecía que “todas y cada una de las gestiones realizadas por Petropar, conforme a lo autorizado en la presente ley, serán auditadas por la Contraloría General de la República, que emitirá un informe especial al respecto, comunicando por escrito los resultados de la misma a las Cámaras del Congreso, en un plazo máximo de 30 (treinta) días de haber recibido la información, a todos los efectos jurídicos pertinentes”.
Tras la derogación la normativa la estatal Petropar tuvo que reajustar no solo el precio de la nafta 93 y del diésel común, sino que también aumentó los valores de la nafta 97 (súper) y el diésel premium desde el miércoles último.
Posibles hechos de corrupción
Este examen de la Contraloría será clave para identificar las sospechas de posibles hechos de corrupción con el retiro de carburantes subsidiados de la petrolera pública, ocasión en que algunos políticos también se beneficiaron con el aumento de la demanda de carburantes. Las ventas de la petrolera se triplicaron con la implementación del subsidio y el ente contralor debe identificar si los carburantes subsidiados beneficiaron a la ciudadanía o se desviaron por el camino hacia otras estaciones de servicios u otros negocios.
Ocultan cuánto costará el subsidio
En Petropar hasta ahora no dan a conocer la cifra final del costo total que tendrá el subsidio a la estatal y solo hay contradicciones y declaraciones sugestivas al respecto. El titular de la estatal, Denis Lichi, informó el lunes último que la subvención de la nafta 93 y el diésel común (tipo III) iba a tener un costo de G. 39.000 millones al Fisco.
Esto por los 15 días de vigencia de la Ley Nº 6900, que autorizaba el subsidio de los carburantes a la estatal y que fue derogada hace nueve días por violar la libre competencia.
Sin embargo, ayer informaron desde la Dirección de Comunicaciones de la institución que “el presidente se equivocó en la cifra que dio a los medios de prensa el lunes y que dicho monto tendrá variaciones” y, llamativamente, para arriba.
Ayer volvimos a insistir que faciliten esa información, pero el director de comunicaciones, Felipe Oddone, indicó que “todavía no tenían un cierre definitivo de los números. Se siguen consolidando y el número va a ser mayor, pero no podemos pasar una cifra parcial”, indicó.
Lo cierto es que Lichi informó el lunes último que solo faltaban cerrar los números de una estación de servicio para culminar los cálculos, de un local que supuestamente tuvo problemas con su sistema informático. Pero el departamento de prensa “aclaró” ayer que faltaban más estaciones.
Según las declaraciones de Lichi, en total Hacienda debía devolver G. 38.400 millones a Petropar por el subsidio correspondiente a abril y G. 450 millones por marzo. Esto teniendo en cuenta que supuestamente sólo faltaban unos 20.000 litros de carburantes para cerrar las cifras, por el problema que aparentemente tenía uno de los servicentros con su sistema informático.
El titular de Petropar mostró el lunes último los números y señaló que en total se vendieron 17 millones de litros de diésel común y 12,9 millones de litros de nafta 93, cifra que de por sí ya fue llamativa, atendiendo a que era bastante inferior a los 24 millones de litros de gasoil y 19 millones de litros de gasolina que según Lichi se vendieron desde la vigencia del subsidio y que informó la semana pasada.
Lo cierto es que la subvención del gasoil común sobrepasó los G. 2.000 por litro, mientras que el subsidio de las naftas estuvo por debajo de esa cifra, según indicó Lichi, pero sugestivamente hasta ahora no “cerraron” los números.
Fuente: ABC Digital
