El anuncio realizado la víspera por el presidente Iván Duque de que reformulará el proyecto, retirando las propuestas más polémicas, como el aumento del IVA a bienes y servicios, no calmó los ardores de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.

"No basta solo con retraer la reforma. (Fue) la cereza sobre el pastel, pero todo el manejo que se dio a la pandemia y todo lo que ha sucedido con este gobierno simplemente nos estalló en la cara", dijo a la AFP María Teresa Flores, filósofa de 27 años en Bogotá.

En plena tercera ola de covid-19, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil nuevamente tomaron las calles de las principales ciudades en el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, al ritmo de los cacerolazos.

"Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país", un gobierno decida "hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo", lamentó Julián Naranjo, administrador ambiental, cerca de la central Plaza de Bolívar en Bogotá.

Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir con fuerza en Cali (suroeste) y Medellín (noroeste), así como en Barranquilla, Cartagena (norte) y ciudades intermedias.

La reforma, planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener ayudas a poblaciones vulnerables en pandemia, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.

En los días siguientes se mantuvieron las protestas de forma menos concurrida, y este sábado retomaron con mayor intensidad.
En respuesta a los disturbios que se dan en el centro y el suroeste del país, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali, capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.

- Militarización -

Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por "organizaciones criminales", entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.

De momento el gobierno mantiene silencio sobre la cantidad de civiles heridos en los últimos días, y solo reconoce un muerto, a pesar de que se multiplican denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.

El balance oficial da cuenta de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.

La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar "si tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región".

Y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá.

En un pedido de "acción urgente" radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por "el accionar de la policía".
En septiembre, la muerte de un ingeniero durante un procedimiento policial, grabada en video, provocó fuertes revueltas contra la brutalidad policial que dejaron medio millar de heridos y una decena de muertos.

- Silencio -

"Salí a marchar por la reforma tributaria, pero también (...) por los abusos policiales y del ESMAD (escuadrón antidisturbios) que han ocurrido en estos últimos días de marchas (...), por los cuales no podemos quedarnos callados", dijo a la AFP Sebastián Huertas, estudiante de derecho de 21 años.

El gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 con la reforma, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.

Pero expertos y oposición aseguran que el gobierno se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta en plena pandemia.

Las protestas se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.