Las juezas Rossana Maldonado y Lourdes Peña, concluyeron tras el juicio oral y público que se comprobó la culpabilidad por desacato, ya que la magistrada Blanca Báez, había ordenado la realización de dichas pericias a pedido de la fiscalía en el marco de la investigación por la desaparición de la niña de 7 años en abril del 2020. Sin embargo, el juez Manuel Aguirre, votó en disidencia alegando que no se comprobaron los hechos atribuidos.

El abogado defensor Max Narváez, señaló que su defendida hizo uso de un “un derecho legítimo” que la concede la Constitución y alegó que “no tenía sentido” la prueba que solicitó el Ministerio Público ya que fue luego de seis meses de su prisión preventiva, por lo que habría indicios de que el resultado sería manipulado.

“Bajo ningún aspecto legal constituye esto un desacato, uno de los derechos del procesado es no proporcionar ningún tipo de prueba en su contra, nadie me puede obligar, así como nadie me puede obligar a declarar. Le están indicando como objeto del proceso cuando en realidad es el sujeto” precisó.

La mujer también ya fue condenada en otro juicio a seis años de cárcel por abandono. El expediente está en estudio en un Tribunal de Apelación en lo Penal de Caacupé.