El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, continúa escudándose en el tratado de la binacional para ocultar la rendición de sus gastos. A través de un subordinado respondió al contralor Camilo Benítez sobre el equipo de auditores conformado y documentaciones requeridas, alegando que la provisión dependerá de los resultados de una reunión que se formalizaba el día de ayer.
La misión de la Contraloría para auditar Yacyretá había sido encomendada por el Senado de la República, a raíz de la serie de denuncias de irregularidades sobre el uso de los fondos sociales. En sesión, se había también mencionado la violación de la Ley de Transparencia al negar información al equipo de investigación del Grupo Nación, sobre transferencias económicas a organismos sociales, no gubernamentales, gubernamentales y gastos en publicidad.
Mediante la nota firmada por Óscar Ovelar, secretario general de Yacyretá, la entidad había condicionado la admisión de los auditores a la reunión de ayer entre los ejecutivos de ambas márgenes. A últimas horas de la tarde, el citado subordinado confirmó que no permitirán el acceso a la Contraloría por el estatus de binacional que tienen.
Por su parte el asesor jurídico de la Contraloría, Darío Ortega, adelantó que el único camino que les queda como órgano de control es solicitar una orden judicial para allanar Yacyretá, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica 276.
“Ustedes ya saben nuestra posición”, respondió Ovelar al ser consultado sobre la decisión que tomaron ambas márgenes de impedir la auditoría de la Contraloría a la entidad.
Ovelar señaló que los argentinos también coinciden en lo mismo. “La postura de ellos es totalmente contraria a la auditoría, venimos diciendo, no es posible, no vamos a permitir. Vamos a trasladarle a la Contraloría la posición de nuestro socio, ahí a Juan Carlos (asesor jurídico de la EBY) le dieron mucha jurisprudencia, del lado argentino, a través de una ley nacional, también quisieron entrar en una binacional, lo que no es posible”, expresó.
Por su parte, en Itaipú le dieron un tratamiento más diplomático a la comunicación que había realizado la Contraloría. Solicitaron una prórroga para poner a consideración de las autoridades de la binacional.
Mientras esto sucede, cabe recordar que el Senado había solicitado información a la administración de Duarte Frutos, sobre los funcionarios contratados y servicios tercerizados de limpieza, jardinería, seguridad, entre otros. En teoría, a Yacyretá le corren 15 días hábiles por lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Cuanto más se aferra a ocultar datos Duarte Frutos, comienzan a filtrarse recibos de los supersalarios en la binacional, en los que solo las ayudas circunstanciales o una de las tantas bonificaciones que perciben algunos funcionarios equivalen a tres salarios mínimos.
Por ejemplo, en la liquidación de haberes de Raúl Silva Busto, uno de los recomendados más cuestionados, metido en el caso de la estafa en compras de insumos médicos de Salud Pública, se ve además del inflado salario, bonificaciones por un “adicional” de dedicación funcional de más de G. 6 millones, otras desconocidas solo especificadas por resolución de G. 3,2 millones, hasta ayuda escolar de G. 6,2 millones, sumando así G. 55 millones de ingresos en un mes.
LA NACION
